Comunicado. Con el objetivo de armonizar la legislación mexicana con las mejores prácticas internacionales y brindar mayor claridad al sector, se presentó en México ante el Senado de la República una iniciativa para actualizar la Ley General de Salud en materia de suplementos alimenticios. La propuesta, presentada por el senador Armando Ayala Robles, busca precisar su definición, reforzar los criterios de publicidad autorizada y fortalecer la certeza para consumidores e industria.
En territorio mexicano, más de 15 millones de personas consumen este tipo de productos, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la población económicamente activa. El mercado nacional abarca alrededor del 30% de las ventas en América Latina, lo que subraya la importancia de contar con un marco regulatorio sólido que proteja a los consumidores y fomente prácticas responsables en el sector.
La iniciativa busca dar claridad a la formulación de suplementos alimenticios mediante un listado de ingredientes permitidos y la prohibición de sustancias con acción farmacológica o riesgo para la salud, como procaína, efedrina, yohimbina, germanio, hormonas y plantas clasificadas como tóxicas por la Farmacopea Herbolaria de México.
Con este marco, se busca consolidar un entorno regulatorio moderno y coherente que garantice la seguridad del consumidor y contribuya a una cultura de consumo responsable en el ámbito de la nutrición.
Nora Pérez, presidenta de la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios (ANAISA), señaló que: “La industria de suplementos alimenticios ha tenido un crecimiento destacado en los últimos años, y se proyecta que seguirá creciendo en los próximos, por lo que una actualización en la definición que tenga al consumidor y su nutrición en el centro, será un paso hacia una mejor regulación y acceso informado a productos que son aliados de la nutrición”.
La iniciativa también busca prevenir la comercialización de los llamados productos milagro, que suelen atribuir propiedades terapéuticas o curativas sin sustento científico y que representan un riesgo para la salud pública, con lo que se espera que la población pueda recibir información más clara y marcar más las diferencias entre productos farmacológicos, nutricionales y estafas.
Actualmente, la propuesta fue presentada y se espera que se evalúe en las comisiones correspondientes del Senado para su análisis y dictaminación.
